La legislación otorga a las trabajadoras embarazadas el derecho a ausentarse del trabajo para asistir a consultas prenatales, con un límite de hasta cuatro horas por control. Estas horas serán computadas como tiempo efectivamente trabajado. En caso de que sea necesario un tiempo mayor, las horas de permiso podrán ampliarse, con el aval del médico tratante.

Para el uso del permiso, las trabajadoras deberán notificar a sus empleadores con al menos 48 horas de anticipación y presentar posteriormente la constancia de la consulta médica correspondiente, excepto en situaciones de urgencia. La ley establece que estos permisos no podrán ser denegados bajo ninguna circunstancia.

Los empleadores que incumplan con la normativa serán sancionados con multas que van de 10 a 50 jornales mínimos diarios por cada trabajadora afectada. Si existe reincidencia, la multa se duplicará.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Economía y Finanzas serán las autoridades encargadas de hacer cumplir esta ley, según corresponda al sector público o privado. Las multas recaudadas serán destinadas al programa de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud.

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 120 días desde la promulgación de la ley para reglamentar su aplicación.