El procedimiento consistió en recorridos por las instituciones educativas y la aplicación de entrevistas para verificar si los trabajadores cuentan con el seguro social, contrato, horario establecido, salario, entre otros derechos, para luego evaluar el grado de formalización laboral.

“La instrucción del presidente de la República y del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) es apuntar a la formalización y garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en el pliego de bases y condiciones y en el Código Laboral”, explicó la ministra Recalde.

Los operativos arrancaron este lunes y se extenderán en los próximos días, abarcando distintas localidades del séptimo departamento, donde el programa de alimentación escolar atiende a más 660 instituciones educativas, para lo cual se requiere la generación de más de 2.200 puestos de trabajo.

El trabajo en terreno se desarrolla en coordinación con los gobiernos departamentales, responsables de la administración de los contratos con las empresas proveedoras del servicio. Se apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social por parte de las empresas adjudicadas.

Mediante estos procedimientos de verificación laboral, se la logrado un crecimiento exponencial de la cantidad de trabajadores de Hambre Cero registrados en el Instituto de Previsión Social, pasando de poco más de 5.000 a cerca de 20.000 asegurados en dos meses.